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Actualidad
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Dirección: Raúl Walter González Sanso
Docente.Periodismo - Comunicación Social
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Argentina y la corrupción
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-de los 90 al 2013-
En la últimas dos décadas, el prolongado flagelo de la corrupción ha presentado un enorme crecimiento en Argentina. Pero no es solo un problema que afecte a este país. En los últimos estudios a nivel mundial vemos que países europeos o asiáticos sufren este devastador mal social. Es indudable que los paises con gran corrupción presentan la convivencia en el delito de los ciudadanos con el poder, pues una población civilizada y asociada con un sistema legal ejemplar, con gobernantes y juristas idóneos e incuestionables, no puede estar inmersa en un estado de escándalos públicos y privados, oscuros negociados y actos ilícitos.
Presentamos aquí un interesante y calificado artículo que habla de la corrupción en España, sus catacterísticas, sus consecuencias, pero que coincide totalmente en reglas generales con la nefasta realidad argentina de estos tiempos.
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
VÍCTOR LAPUENTE GINÉ Publicado en El País. 27 MARZO de 2009
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones.
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción? Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción. Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación depowerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización. Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas. ¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política. Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política. Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado. ¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos. Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es Profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
http://ulpianoellapidario.blogspot.com.ar/2012/07/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-espana.html#!/2012/07/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-espana.html
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Argentina
Sobre la “fiesta” K y el rol de los periodistas
Por Susana Viau.
ESPECIAL PARA CLARIN
Fecha 06/05/12
El miércoles pasado, miles de periodistas españoles salieron a las calles. Reclamaban estabilidad en el empleo, salarios dignos y también ruedas de prensa con preguntas y pluralismo en los medios públicos que –recordaron– existen para beneficio de los ciudadanos y no de los gobiernos. Celebraban el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una libertad de tercera categoría para muchos argentinos que buscan minimizarla asimilándola a la “libertad de empresa”, una tontería populista a la que se ha sumado Ignacio Ramonet y olvida la existencia –hoy débil, pero hoy es siempre un instante– de la prensa política, de la prensa partidaria, de la llamada “prensa obrera” que tuvo, en tiempos más o menos recientes, el ejemplo de Rodolfo Walsh y el periódico de la CGT de los Argentinos. Unas pocas horas antes de esa jornada que aquí transcurrió sin pena ni gloria, los cronistas destacados en la Casa Rosada habían sido “encerrados” para que no se asomaran al pasillo por el que iba a circular la Presidente. Oscar Parrilli, algo tarde, dio una contraorden. Lo mismo había ocurrido en el Senado, donde se les impidió ingresar a los palcos y tener acceso a los lugares por donde caminaría el vicepresidente Amado Boudou. En ese caso, fue Miguel Angel Pichetto el encargado de puntualizar que semejantes disposiciones no figuran en la tradición de la Cámara. Boudou, igual que tantos funcionarios, siente aversión por los periodistas que investigan los negocios de sus amigos o no festejan sus guitarreadas . Y lo ha hecho saber: ya explicó que (los periodistas) se asemejaban a los empleados que limpiaban los campos de concentración .
Hace unos años –tres, en octubre–, el escritor y periodista Roberto Saviano escribió un magnífico artículo sobre la situación de la prensa italiana. Les hablaba a todos, incluidos los votantes de Il Cavalliere a los que no les pedía que modificaran sus ideas: los instaba a reflexionar acerca de “los modos y los métodos de quien los representa”. Saviano –casi un clandestino tras la publicación de su novela Gomorra y sus investigaciones sobre la mafia– denunciaba que cualquiera que formulara críticas al Gobierno tenía que prepararse no para recibir una desmentida sino una campaña de descrédito ; debía saber que el precio de desempeñar “una función que consiste en hacer preguntas y expresar opiniones, le será exigido en su propia piel”. En Italia, era el diagnóstico de Saviano, libertad de prensa significaba que uno pudiera “hacer su trabajo sin ser atacado en el plano personal ”.
La estética y la ética berlusconiana lo obligaban a poner las cosas en su sitio y puntualizar que “la responsabilidad exigida a las instituciones no es la misma que la que debe tener quien escribe y quien, en función de su oficio, formula preguntas.
No se hacen preguntas en nombre de la propia superioridad moral . Se hacen preguntas en nombre de la propia profesión y de la posibilidad de interrogar a la democracia. Un periodista no se representa a sí mismo, un ministro representa a la República. La democracia existe en el momento en el que son respetados los papeles de ambos (…) Pero un ciudadano que desempeña su trabajo no puede ser expuesto al chantaje de ver arrastrada por el fango su vida privada”. Defender la palabra escrita al riesgo “del sacrificio de la reputación y de la serenidad indispensables para brindar información” no era sólo un dilema para los periodistas italianos, reconocía Saviano. Tenía razón: hoy la reputación y la serenidad están a mal traer en Argentina . ¿Quién que tenga una postura crítica no ha sido difamado desde los medios oficiales o desde los que no tienen de privados más que la formalidad del rótulo? ¿Quién no ha sentido que se le rompían los nervios viendo su nombre sometido a “juicios populares” o manoseado por individuos asesorados por la Secretaría de Inteligencia y recompensados de manera superlativa con el dinero público ? ¿A quién no le ha hervido la sangre oyendo cómo lo enlodan fiscales nacionales y populares que se mudan de barrio porque la proximidad de familias paraguayas los hacen sentir en una “reserva indígena”; por progresistas que denuncian adolescentes por fumarse un porro; por Macachas Güemes de Palermo Hollywood que no conocen la sensación de haber participado de una sola jornada de huelga? Es verdad: en este oficio, tanto como el salario importan la reputación y la serenidad porque cuando se ataca una es para que se pierda la otra y nazca el miedo. Un mecanismo insidioso empleado desde un poder que no censura los textos, se limita a mostrar las consecuencias; que no utiliza la violencia contra los periodistas pero los fuerza a convivir con la maledicencia, con la certeza de que sus teléfonos son escuchados; sus fuentes, vigiladas; sus redes, intervenidas por los numerosos hackers con que cuenta el aparato propagandístico y de control de un gobierno que ha avasallado al Estado...
Fragmento de la nota publicada en
http://www.clarin.com/politica/fiesta-rol-periodistas_0_695330542.html
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La soja en Argentina
No a los asesinos de la naturaleza.
No a los negociados con la política y la justicia.
Castigo a los delincuentes que destruyen la vida humana, animal y vegetal.
Luchemos por una justicia honesta e independiente.
Es un mensaje de Enviante
Córdoba, Argentina. Julio de 2013
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30 mar 2012
Periodistas de diversos medios firmaron ayer un petitorio dirigido al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para que se permitan preguntas en las conferencias de prensa.
El texto comenzó circulando por mail y en redes sociales y terminó publicado en un blog creado a esos efectos.
Señor Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina: Nos dirigimos a Ud. porque hace unos días le hemos escuchado afirmar:
“A los comentaristas que dicen que no damos conferencias de prensa o que hablamos poco les digo que no se preocupen. Si hablamos poco es porque estamos trabajando, porque la política es eso: trabajar…”
Frente a sus declaraciones es forzoso recordarle que, por ejemplo, desde el 1º de marzo, la Presidente de la Nación se dirigió a la ciudadanía en no menos de nueve oportunidades, incluidas las tres horas y media que empleó para dar inicio al período de sesiones parlamentarias. Nada nos hace pensar que, por eso, la Presidente no trabaja. Suponemos que lo hace. Y mucho. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones que, es cierto, pertenecen a un nuevo género al que no podemos llamar “conferencia de prensa”, se admitieron preguntas. Es la Presidente quien se dirige a la concurrencia.
Las comunicaciones de la Jefa de Estado y, en líneas generales, las de la inmensa mayoría de sus funcionarios, son de vía única. Ignoramos, por lo tanto, si la Presidente y sus funcionarios escuchan.
Paralelamente, la lista de hechos de hostigamiento hacia la prensa es enorme. Solo basta recordar los “juicios éticos y populares” que Hebe de Bonafini -con presencia de funcionarios públicos como Néstor Busso- realizó en 2010 y 2012 contra varios colegas; la desgraciada reacción del Ministro del Interior Florencio Randazzo tras decir que los diarios La Nación y Clarín atentaban “contra la democracia y la calidad institucional”; las amenazas del empresario de medios ligado al Gobierno Sergio Szpolski, defensor acérrimo de la actual administración en su multimedios, contra otro colega por publicar un diálogo público; y la acusación directa de “nazis” a otros dos periodistas por parte, ni más ni menos, de la Presidenta de la Nación.A todos estos hechos se les suma el uso del dinero y los medios públicos para sostener esta política de acoso que, como es evidente, excede los hechos puntuales para volverse sistema.
Los abajo firmantes, periodistas de distintos medios, edades, orígenes sociales, políticos y culturales tenemos una obligación común: preguntar.
Se nos ha enseñado en las escuelas, en las redacciones, en los textos que teorizan sobre los alcances de nuestra profesión que el compromiso del periodista es con la verdad y la verdad son los hechos; que la misión del periodista es indagar, cuestionar e informar a la opinión pública, frente a la que tanto ustedes, funcionarios, como nosotros, gente de prensa, somos responsables.
La prensa es un instrumento de la República y un reaseguro para el control ciudadano de los actos del gobierno.
Es así que los hombres de Estado están obligados a rendir cuentas y nosotros incurriríamos en mala praxis si no pidiéramos esa rendición.
En razón de esa tensión saludable y democrática, por cierto, es que más allá de las falacias con que Ud. acaba de contestar las demandas de diálogo, seguiremos insistiendo en preguntar, ejerciendo nuestro derecho y exigiendo el cumplimiento de esa obligación...
Firman:
Hugo Alconada Mon, Alejandro Alfie, Claudio Aliscioni
Nuria Am, Norberto Angeletti, Carlos Ares, Alberto Armendáriz
Ricardo Alberto Arrúa, Jorge Avila, Rodolfo Barros
Marina Artusa, Eduardo Aulicino, Jorge Aulicino, Ana Barón
María Laura Avignolo, Mariano Alonso Balmendia, Mónica Baumgratz
Osvaldo Bazán, Gustavo Bazzan, Juan Bedoian, Federico Bedrune
Juan Mariano Bertorello, Alejandro Bianchi, Martín Bidegaray
Julio Blanck, Javier Blanco, Marcelo Bonelli, Fabián Bosoer, Guido Braslavsky
Fernando Bravo, Santiago Britos, Carlos Burgueño, Ricardo Cámara
Laura Capriata, Nelson Castro, Arturo Cavallo, Luis Ceriotto, Laura Corvalán
José Crettaz, Walter Curia, Claudio Oscar D’Alessando, Sergio Danishewsky
Flavia de la Fuente, Denise De Olivera, José Antonio Díaz
Juan Ignacio Dios, Martín Di Natale, Roberto Di Sandro, Luis Domenianni
Federico Domenianni, Miguel Angel Efeyan, Rafael Elidelmar
Georgina Elustondo, Florencia Etcheves, Javier Febré
Daniel Fernández Canedo, Jorge Fernández Díaz, Marco Fernández Leyes
Silvia Fesquet, Ricardo Frascara, Carlos Gabetta, Pablo Gaggero,
Nacho Girón, Bernardo Goncalvez Borrega, Florencia Grieco
María José Grillo, Carlos Guyot, Silvina Heguy, Ernesto Jackson
Claudio Jacquelin, Daniel Juri, Ricardo Kirschbaum, Jorge Lanata
Juan Agustín Landaburu, Facundo Landivar, Román Lejtman
Alfredo Leuco, Gabriel Levinas, Daniel Leyba, Josefina Licitra
Marcelo Lippi, Enrique Llamas de Madariaga, Rodrigo Llore,
Matías Longoni, José Ignacio López, .
Marcelo Cantelmi, Marcelo Cantón, José Alberto Capdevila
entre otros |
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